El Gobierno continúa avanzando en la nueva Ley de residuos y suelos contaminados, bajo la premisa de que cualquier sector industrial que provoque algún impacto en el medio ambiente tenga que contribuir económicamente a compensar dicha contaminación. En otras palabras, se busca que “quien contamine pague”, y con ello ayudar a generar conciencia empresarial sobre la necesidad de implementar políticas que atenúen las consecuencias del calentamiento global. El Anteproyecto de Ley se presentó a mediados del pasado año, abriendo el plazo de presentación de alegaciones antes de su aprobación definitiva, que se espera a lo largo de este año 2021.

Entretanto, ya han visto la luz algunas novedades relacionadas con lo que será la nueva ley, como el Real Decreto para mejorar la gestión de residuos de pilas, acumuladores y de aparatos eléctricos y electrónicos o la consulta pública sobre la regulación de un impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos y la incineración de residuos.

Reducir al mínimo los efectos negativos de la generación y gestión de residuos

El objetivo principal perseguido por la nueva ley es reducir al mínimo los efectos negativos de la generación y gestión de los residuos en la salud humana y el medio ambiente, así como la búsqueda de un uso eficiente de los recursos, con una apuesta estratégica decidida del conjunto de las administraciones públicas, logrando la implicación y el compromiso del conjunto de los agentes económicos y sociales. 

Así pues, la nueva Ley de Residuos y suelos contaminantes sentará los principios de la economía circular a través de la legislación básica en materia de residuos, y contribuirá a la lucha contra el cambio climático y a la protección del medio marino. Con todo ello, se dará respuesta al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible incluidos en la Agenda 2030.

Una de las principales novedades del Anteproyecto de Ley, en lo que atañe a productores de residuos, reside en que se van a ampliar la responsabilidad y obligaciones de los productores de residuos. Entre otras cosas, se acabará con el modelo de responsabilidad delegada existente hasta la fecha, ya que, tras la aprobación de la futura Ley, el productor de residuos seguirá siendo el responsable del tratamiento o gestión del residuo hasta la finalización documentada de dicho tratamiento (no se transfiere/delega esa responsabilidad al gestor).

Pautas adicionales sobre garantías financieras

El Anteproyecto de Ley también recoge pautas adicionales referidas a las garantías financieras que tendrán que asumir, cuando aplique, los productores y/o gestores que establezcan, en cada caso, los futuros Reales Decreto que desarrollarán este aspecto.

También prevé suscribir un seguro o constituir una garantía financiera equivalente en el caso de entidades o empresas que realicen operaciones de gestión de residuos, para cubrir las responsabilidades que deriven de tales operaciones.

Estas garantías financieras se aplicarán a productores, gestores, transportistas y demás agentes que intervienen de algún modo en las actividades relacionadas con la gestión de residuos y deberán cubrir los costes de reparación y recuperación del medio ambiente alterado.

Si hasta ahora eran las Comunidades Autónomas las que determinaban el modo de constituir estas garantías, con la entrada en vigor de la nueva Ley lo que pretende el Gobierno es disponer de una legislación homogénea para todo el territorio nacional. Se establece la necesidad de introducir mecanismos de armonización, no solo territorial, sino entre distintos marcos regulatorios (residuos, responsabilidad medioambiental y otros instrumentos de garantía) para que dicho instrumento de garantía sea único, siempre que garantice la cobertura de todos los aspectos aplicables.

Empresas altamente contaminantes

En el marco de la normativa de desarrollo sobre Responsabilidad Medioambiental, a las empresas altamente contaminantes les queda menos de un año para la obligatoria constitución de garantías financieras, según recoge la Orden TEC/1023/2019, de 10 de octubre. En ella se establecía que las actividades clasificadas con nivel de prioridad 3 en la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, deberán disponer de una garantía financiera que les permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad o actividades que pretendan desarrollar, en el plazo de dos años, a contar desde el mes de octubre de 2019.

Entre estas actividades altamente contaminantes se encuentran la producción y transformación de metales, las industrias minerales y químicas, las de gestión de residuos, producción de derivados de la madera y su conservación, la industria agroalimentaria y las explotaciones ganaderas, el tratamiento de aguas, etc.

¿Cómo se establecerá la cuantía de las garantías financieras?

Desde 2013, el Ministerio para la Transición Ecológica dispone de un Modelo de Oferta de Responsabilidad Ambiental (MORA), que permite realizar el cálculo de la cuantía de la garantía financiera en función del análisis de riesgos medioambientales de la actividad.

El MORA es una herramienta voluntaria de apoyo a la monetización de los daños medioambientales, que permite calcular el coste de las medidas de reparación (primaria, compensatoria y complementaria) necesarias para devolver los recursos naturales y los servicios que éstos prestan a su estado original. 

Además, en 2017 introdujo un Índice de Daño Medioambiental (IDM) que el operador debe estimar para cada escenario accidental identificado en su análisis de riesgos medioambientales, y que ofrece un orden de magnitud del daño medioambiental causado.

Por último, en 2020 la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental desarrolló una aplicación informática, denominada ARM, que tiene como objetivo facilitar a los operadores obligados a constituir la garantía financiera la elaboración de sus análisis de riesgos medioambientales.

En la actualidad, la nueva aplicación informática ARM-IDM-MORA, integra en una sola herramienta la elaboración de los árboles de sucesos en los que se basan los análisis de riesgos, el cálculo del IDM y la valoración económica de los daños medioambientales asociados al escenario de referencia.